«Desafíos en la prueba de la fehaciencia de las Operaciones Tributarias: La Brecha entre Contribuyentes, Administración Tributaria y Jurisprudencia»

Por Martín Ramos

Aunque parezca mentira probar la fehaciencia de una operación para efectos tributarios sigue siendo todo un problema para los contribuyentes, y ello se sustenta en una Administración Tributaria que no confía en los contribuyentes, contribuyentes que no le dan la debida importancia al sustento de sus operaciones y una jurisprudencia no muy clara al respecto.

Los contribuyentes tienen como objetivo empresarial lograr que las operaciones que realizan generen utilidades, esto que de por sí ya es un gran reto para los empresarios, pues se complica si los márgenes de rentabilidad no terminan siendo los que ellos estimaron para el impuesto a la renta, ya que viene la autoridad ributaria varios años más tarde y señala que los gastos y/o costos no se han acreditado fehacientemente.

El primer pensamiento de los contribuyentes seguro está en el posible abuso de la administración tributaria, ya que no se entiende como puede pensar que la empresa realiza operaciones y por ejemplo vende o presta servicios, sin que se considere que ha tenido que realizar gastos y costos vinculados a ello, sin priorizar la documentación de las operaciones, dado que los empresarios sin duda están abocados a buscar incrementar las utilidades.

Esa falta de prioridad puede ser parte del problema ya que existen muchas operaciones que no se documentan adecuadamente o que por el pasar de los años se pierde parte de la información, y esto es así puesto que los contribuyentes no guardan un file de fehaciencia por cada operación que realizan, esto se debe a que la contabilidad suele funcionar sólo con ciertos documentos como: órdenes de compra y/o servicios, contratos, facturas y medios de pago, pero las comunicaciones, como correos electrónicos y otros medios que permiten evidenciar acciones dentro de la realización de una operación, eso no suele ser parte de la carpeta de contabilidad, ello por lo general se queda en las bandejas, archivos y demás documentación de los intervinientes en la operación.

Lo último señalado revierte gran importancia ya que si la autoridad tributaria se demora varios años en fiscalizar dichas operaciones hay una alta probabilidad que la misma se traspapele o se pierda, ya que sus poseedores (trabajadores de los contribuyentes) pueden cambiar, sin duda el no tener claro que documentos serán suficientes para el fiscalizador puede ser una tarea agobiante y sin duda de un alto costo de cumplimiento.

Desde la perspectiva de la Administración Tributaria el asunto es también complejo, por una parte el fiscalizador cree que todo contribuyente seleccionado para ser fiscalizado es un evasor, si bien puede ser que existen posibles riesgos detectados, ello todavía es una hipótesis, el problema es que el fiscalizador pareciera solo tener un camino, el de reparar, y es precisamente esto lo que hace complicado probar la fehaciencia de una operación, ya que cualquier diferencia, distorsión o falta de o en los documentos será suficiente para desestimar el valor probatorio y por ende reparar la operación.

En un mundo con una alta tasa de operaciones informatizadas, ello parece inconcebible, es decir, la Administración Tributaria puede tener las guías de remisión electrónicas, las facturas electrónicas, registros de compras, registros de ventas, kardex, libros diario y mayor y aun así una operación termina siendo no fehaciente porque no se logra evidenciar comunicaciones entre los intervinientes o peor aun porque estas comunicaciones no tienen el mismo detalle de las facturas o contratos involucrados. El fiscalizador no puede considerar que las empresas tienen una sola operación o que una sola persona hace todo, ya que de otra forma no se entiende cómo se puede esperar que los contribuyentes tengan todo en un file a disposición por cada operación perfectamente armada.

Sin duda la Administración Tributaria necesita revisar que los contribuyentes cumplan sus obligaciones tributarias de forma correcta y se entiende que deseen revisar al detalle las operaciones, para lo cual se deben establecer muestras adecuadas y hacer una adecuada valoración de las pruebas, dependiendo de la operación que este analizando, no siendo igual la compra de un bien o la adquisición de un servicio y teniendo en cuenta que las formas de contratar y operar son muy diversas, por ejemplo, no toda compra pasa por el almacén físico del contribuyente, ya que depende de las condiciones pactadas y un contrato nunca se interpreta como si fuera una camisa de fuerza ya que lo que realmente importa es la operación y que las partes estén satisfechas, sin duda más fácil cuando son partes independientes.

La probanza de los servicios se ha vuelto cada vez más compleja, ya que no es igual un probar un servicio de consultoría, que un servicio financiero o informático, pero el problema se da cuando se espera que todo se sustente de forma similar. La Administración Tributaria viene realizando cada vez más reparos por no acreditar la fehaciencia de las operaciones, pero no está atacando realmente evasión o elusión tributaria lo que viene haciendo es perseguir formalidades que se han vuelto cada vez más costosas.

Sin duda la Administración Tributaria viene trabajando en mecanismos que fortalezcan la lucha contra la evasión y la elusión, por lo que requiere fortalecer sus procedimientos de fiscalización a efectos que no se ataquen formalidades, más aún cuando la propia Administración Tributaria cuenta con información suficiente para poder determinar los verdaderos riesgos de cumplimiento tributario.

Desde la perspectiva de la jurisprudencia, esta ha señalado durante los últimos años que los contribuyentes deben conservar un mínimo de documentación o información que permitan demostrar la fehaciencia de las operaciones y ha instado a que la Administración Tributaria realice una valoración conjunta y razonada de las pruebas, quizás la reciente Intendencia de Impugnaciones pueda empezar a enderezar el sentido de reparos por formalidades, definiendo con mayor certeza cómo se cumple con el estándar mínimo de documentación o información necesaria para probar la fehaciencia de las operaciones y diferenciar aquellas operaciones que realizan los contribuyentes y que por formalidades pueden ser observadas de aquellas operaciones que efectivamente han sido creadas para dejar de pagar o pagar menos impuestos.

Por lo señalado, el camino todavía es largo, por parte de los contribuyentes sin duda es necesario reforzar el sustento documentarlo de las operaciones con una validación adicional de la documentación suficiente para probar la fehaciencia, por parte de las áreas de fiscalización es indispensable dejar de pensar que todos los contribuyentes tienen gastos o costos ficticios y reorientar mejor la dirección de las fiscalizaciones, así como de una vez, empezar a fiscalizar periodos más recientes y permitir de esa forma que los contribuyentes tengan mayor oportunidad de contar con la información, y por parte de la jurisprudencia es necesario corregir las desviaciones de los procedimientos de fiscalización y definir un estándar mínimo de medios probatorios para probar la fehaciencia de las operaciones, de lo contrario seguiremos generando ineficiencia y sobrecostos.